Con la ley 27450, del 19.05.01 se modificó el Texto Único Ordenado del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, exonerándose de impuesto a “la venta e importación para la fabricación nacional de los equivalentes terapéuticos que se importan (mismo principio activo) para el tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA, efectuados de acuerdo a las normas vigentes”, la misma ley también dispone que el Ministerio de Salud propone la relación de medicamentos e insumos, materia de aprobación. Asimismo, dichas listas deberán ser “anualmente evaluada y actualizada, bajo responsabilidad, a fin de que los beneficios se destinen a la población comprendida en la presente ley”. 

En el 2011 mediante DS N° 004-2011-SA, se actualizó la lista conteniendo 87 medicamentos oncológicos y 26 para el tratamiento del VIH/SIDA. Asimismo, la norma dispone conformar una “Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de evaluar los beneficios destinados a la población comprendida en dicha ley”

En el 2012, un comunicado de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales ADIFAN señaló que la exoneración de IGV y Aranceles entre el 2006 y el 2011 significó en que el Estado Peruano dejó de percibir 65,7 millones de dólares por medicamentos importados que se acogieron a la ley.

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud en el 2013 denominado “Impacto de las Medidas de Inafectación Tributaria en los Precios de los Medicamentos para el Tratamiento Oncológico” demostró que el estado dejó de percibir en el 2012 16,5 millones de dólares por la aplicación de esta medida cuyo beneficio no ha sido trasladado al consumidor. El estudio mostró también que el precio final de venta de medicamentos oncológicos no habían disminuido como se esperaba, a pesar que la ley “tenía como propósito incrementar la accesibilidad de la población a estos tratamientos actualmente costosos”, manifestó el entonces Ministro de Salud, Dr. Oscar Ugarte Ubilluz y agregó que el “Estado es el principal comprador y proveedor de tratamientos para el cáncer, siendo el principal afectado con el incremento de alto costo de estos productos”.

Los informes de la Comisión Multisectorial encargada de evaluar los beneficios de la medida no se conocen. Estaba claro que la medida era imperfecta, pues no lograba los resultados: disminuir el precio y mejorar el acceso. Contrariamente, incrementó el margen comercial de las farmacéuticas. Se especulaba en algunos pasillos oficiales, derogar la medida, pero esto podría significar un mayor aumento del precio del precio pues las farmacéuticas tendrían que agregar ahora los impuestos de ley.

Este tema no se tocaba desde el 2011, pese a que la ley ordena anualmente actualizar la lista y dispone su evaluación para asegurar resultados. Los peruanos nos hemos visto consternados cuando el pasado 09 de julio, a pocas semanas de que este gobierno concluya, se publique la “relación actualizada de medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA para efecto de la inafectación del pago del impuesto general a las ventas y de los derechos arancelarios”( DS 023-2016-SA). Con esta norma se incrementa la lista de medicamentos oncológicos añadiéndose 34 principios activos y 4 para el VIH/SIDA, a pesar que no existe evidencia que esta medida beneficie a los usuarios de los medicamentos y las instituciones de salud. Lo curioso de los nuevos medicamentos incluidos es que cuatro para tratar el VIH/SIDA y 28 de los 34 oncológicos están en situación monopólica. Si ya estaban solos en el mercado imponiendo altos precios por no tener competidores, ahora tendrán un aumento de sus márgenes comerciales al no pagar IGV ni aranceles. La situación es peor si consideramos que cuando hay monopolio en el Perú, los precios son los más altos comparados con los países de la región (conclusión de un estudio realizado en el 2015 Transparence Alliancen Medicine MeTA – Perú), SI es así, ¿Qué sentido tiene la medida recientemente aprobada?, ¿Por qué continuar disminuyendo la recaudación fiscal si no trae ningún beneficio y más bien otorgando una especie de subsidio al sector empresarial y particularmente a aquellas compañías cuyos productos están en situación monopólica? , ¿Quién está detrás de todo esto?.

Exigimos al nuevo legislativo revisar esta norma aprobada por el gobierno que se va, que no entiende o no le importa su impacto en el sistema de salud, e investigar a los promotores de esta irrazonable medida.