El 04 de febrero de 2016, Perú al igual que 11 países más firmaron el Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que contiene 30 capítulos y anexos. Este acuerdo, cuestionado por las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional por el secretismo con que fue negociado y cuyo contenido va más allá de hacer fluido el comercio de bienes, compromete la soberanía de los Estados y dificulta la realización de los derechos fundamentales a la salud y el acceso a medicamentos.  

En este escenario, el Ministerio de Salud en el marco del Consejo Nacional de Salud, el cual preside, en su 166ª sesión del 13 de octubre de 2015, solicitó la conformación de un Grupo de Trabajo con el objeto de analizar los textos del TPP y proponer recomendaciones en relación al acceso a productos farmacéuticos, biológicos y biotecnológicos en ese marco; y es así que el 15 de diciembre del 2015 se conformó este grupo de trabajo integrado por los Q.F. Javier Llamoza y Moisés Méndez representantes de organizaciones de la sociedad civil, Q.F. Jenny Castro y Q.F. Pedro Yarasca representantes de EsSalud, MC Sebastián Céspedes y M.C. Jack Blanc representantes de los Servicios de Salud del Sector Privado, M.C. Flor de María Philipps y M.C. Hernán Ramos Representantes de la Superintendencia Nacional de Salud y la Abog. Dalia Suarez y el M.C. Rubén Espinoza, representantes del Ministerio de Salud quienes lo presiden.

Desde el inicio el análisis la participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil fue relevante para pautear el desarrollo del proceso desde la propuesta de plan de trabajo, la solicitud de información a las instituciones involucradas y la discusión. Durante el proceso de análisis de los textos y el cálculo de su impacto, quedaba claro que a los estudios realizados por el Ministerio de Salud (“Evaluación del potencial impacto de medidas de protección de la propiedad intelectual en el acceso a productos biológicos” e “Impacto de la protección de datos de prueba a productos biotecnológicos, en el acceso a medicamentos”) eran insuficientes para dimensionar el real impacto, dado que estos estudios no consideraban la demanda no atendida ni el gasto del Estado en vacunas elaboradas por biotecnología como base de la proyección, por lo tanto los estudios solo revelarían el piso de lo que podía significar el real impacto de entrar en vigencia la protección de datos de prueba para biotecnológicos del texto del acuerdo TPP.

Durante el proceso de análisis, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil tomaron conocimiento que el Ministerio de Salud habría remitido un informe sobre el TPP al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR quien negoció dicho acuerdo y presionaba por su aprobación; este informe generó tensiones en el grupo de trabajo al realizarse en forma paralela al encargo del grupo de trabajo.

En la décimo cuarta sesión del 26 de mayo, se socializó, por persistencia de los representantes de la sociedad civil, el oficio del Ministerio de Salud Nª 461-2016-DM/MINSA dirigido al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, en el cual planteaba observaciones al texto del acuerdo TPP.

El proceso de análisis concluyó el 15 de julio de 2016 en su décimo octava sesión; los miembros del grupo de trabajo encargado por el Consejo Nacional de Salud estuvieron de acuerdo en sus conclusiones que el acuerdo TPP tiene impacto negativo en el acceso a productos farmacéuticos (medicamentos y productos biológicos), desde una redacción riesgosa por imprecisa o ambivalente en su interpretación con efectos perjudiciales, una protección (exclusividad en el mercado) mayor a 5 años para productos biológicos, incluyendo vacunas, con prerrogativa para revisar el acuerdo cada 10 años a fin de garantizar una protección efectiva en el mercado cuya extensión es proporcional al retraso de ingreso de competidores al mercado y, modificación de definición de lo que es un nuevo producto farmacéutico ampliando la materia a proteger, entre otros.

Las recomendaciones del grupo de trabajo encargado por el Consejo Nacional de Salud dejan claro que el Estado Peruano tendrá que realizar un mayor esfuerzo financiero para garantizar el derecho a la salud y el acceso a medicamentos, que actualmente (sin TPP) es insuficiente para cerrar la brecha existente en el sistema de salud y que actualmente se perciben en sus establecimientos; se calcula un incremento en el gasto de 1400 millones de soles adicionales solo para cubrir biotecnológicos a dos años de entrar en vigencia la protección de datos de prueba (2030) , cifra que no contempla la demanda insatisfecha y el gasto en vacunas producidas por biotecnología. Las recomendaciones consideran declarar de interés público todos los medicamentos a fin de poder utilizar la licencia obligatoria como medida para atenuar los altos precios en condición de monopolio por patente o protección de datos de prueba, así como se implemente procedimientos claros para su expedición; el fortalecimiento de las capacidades de la Autoridad Nacional de Medicamentos y del Instituto Nacional de Salud a fin de mitigar los efectos negativos; se enmiende los artículo 18.51.2 y 18.51.3 que establece los alcances de la protección al incluir las vacunas y combinaciones, y la revisión periódica de la protección de datos de prueba, toda vez que no hay medidas que pueda mitigar tales efectos; aplicar medidas para evitar que el precio sea una barrera para su acceso; no patentarse segundos usos por su efecto negativo para el acceso y mantener la vigencia del periodo de patente por 20 años.

El informe fue aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de Salud el 26 de julio del presente comprometiéndose el Ministro de Salud a remitir de inmediato dicho documento al Congreso de la Republica.

El TPP, a la luz de la información existente en el País y los cuestionamientos que se vienen realizando en los países parte del acuerdo, ameritan un debate público el cual debe ser promovido por el Legislativo quienes tienen ahora la responsabilidad de aprobar o no dicho acuerdo. El Congreso de la República debe convocar a todos los sectores – entre ellos a las organizaciones sociales de la comunidad - para atender y entender sus argumentos. Recordar, que cuando se negoció el TLC con EEUU, se cometió el error de aprobar un acuerdo que fue luego enmendado por los miembros del Congreso de los EEUU por considerarlo lesivo para la protección del derecho a la salud; esta situación no debe repetirse por el bien de todos los peruanos y peruanas.

Ver documentos aquí: http://www.redge.org.pe/node/2159