La Defensoría del Pueblo se mostró a favor de que el Gobierno declare de interés público el antirretroviral Atazanavir, utilizado en el tratamiento para personas con VIH, y de esta manera, el Estado no sobregaste 13 millones de soles por la compra de este medicamento a favor de la farmacéutica Bristol Myer Scribb, en junio próximo. 

Según el informe N° 14-2017-DP/AAE, los precios de Atazanavir en el Perú son los más altos en comparación a otros países de América Latina y Europa, y pese a la negociación directa del Ministerio de Salud (MINSA) con la farmacéutica, que tiene la patente de este medicamento hasta el 2019, el costo de Atazanavir es de S/. 18.96 soles, mientras que en otros países como República Dominicana, Bolivia o Nicaragua, el precio es de S/ 1.40 soles en promedio.

María Eugenia Fernández de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, señaló que la declaración de interés público en el caso del antiretroviral debe ser aprobada de acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Decreto Supremo que presentó el MINSA en el 2015 ante la Presidencia del Consejo de Ministros y que, pese a que se levantaron las observaciones realizadas por los Ministerios de Economía, de Comercio Exterior y de Justicia, hasta el momento “duerme el sueño de los justos”.

“El pedido formulado por el Ministerio de Salud para la aprobación de la declaración de interés pública fue formulada el 26 de enero de 2015, es decir, hace más de dos años sin que se haya viabilizado. Esto debe llamar la atención porque una de las características del servicio de salud es la oportunidad. De no ser así, existe el riesgo de que se destinen recursos poco razonables en precio a un medicamento que tiene un valor menor en otros países”, enfatizó.

Recordar que desde el 2013 organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por el acceso justo a medicamentos, han manifestado en más de una oportunidad la preocupación por la demora en la gestión de parte del Ejecutivo para declarar de interés público el Atazanavir y se otorgue la licencia obligatoria a fin de reducir el precio, facilite el acceso a medicamentos, y por ende, garantice el derecho a la salud.

“Es claro que el uso de la licencia obligatoria por interés público es una decisión soberana y legitima del gobierno, su uso no puede ser considerado una expropiación de los derechos de propiedad intelectual y tampoco está sujeto a una indemnización, como han pretendido hacer creer las farmacéuticas transnacionales; el TLC con EE.UU., es claro en este punto. Recordar que el país que más licencias obligatorias a emitido en el mundo es EE.UU. y la inversión no se ha visto afectada, ni tampoco la investigación y desarrollo, como se pretende hacer creer” dijo Javier Llamoza de Acción Internacional para la Salud / RedGE.