El último martes me encontré con el siguiente twitter: “El lobby farmacéutico detrás de un grupo de asociaciones de pacientes”. Para quienes estamos vinculados en el mundo de la salud de alguna u otra manera no nos sorprende esta noticia. Esto de que algunas organizaciones tienen vínculos con la industria farmacéutica es un secreto a voces. Secreto que muchos siempre hemos querido que se revele, que se transparente y, sin duda, el artículo de Ojo Público ha colocado la necesidad del tema. 

Tampoco nos pareció raro ver publicado el pronunciamiento del 31 de mayo, en que algunas organizaciones se pronunciaban abiertamente contra el proyecto de ley que, según el texto, “no atiende el derecho al acceso a medicamentos seguros y eficaces, atropellando los verdaderos intereses de los pacientes”, mientras que muchas organizaciones de la sociedad civil hemos estado empujando de una u otra manera que este proyecto de ley sea aprobado en la Comisión de Salud del Congreso, que da el primer paso para liberar de su patente al antirretroviral atazanavir y así reducir los costos.

No es raro ver un pronunciamiento que esté en el mismo tono de la posición de la gran industria farmacéutica, tal como lo dice el artículo no es la primera vez. Lo que sí me sorprendió es ver la firma de algunas de las organizaciones que suscribían este pronunciamiento, organizaciones que son parte de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios, que ha tenido siempre una postura muy distante de la de la industria farmacéutica. Qué habrá motivado esta suscripción de estas organizaciones, sorprendidos o no habrá que saber el porqué de su posición.

“Doce farmacéuticas financian la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, que incluye a 65 colectivos de América Latina. Entre el 2011 y 2015, estas corporaciones aportaron más de tres millones de dólares, pero su relación financiera carece de regulación y permite conflictos de intereses y lobbies encubiertos en favor de la industria”. Dice Ojo Público.

Lo que sí es altamente criticable es que Esperantra haya evitado responder una entrevista a un medio de comunicación, sobre todo porque estas preguntas se orientan a indagar sobre su financiamiento. Creo firmemente que todas las organizaciones de la OSC tenemos la obligación de ser transparentes con nuestros financiamientos y no porque existan regulaciones al respecto, sino para además de nuestros argumentos hay que mostrar una real independencia y que no existen conflictos de interés. Habemos muchas organizaciones que trabajamos estos temas y que podemos declarar con independencia porque la industria NO nos financia.

No debería haber necesidad de una investigación periodística para saber las fuentes de financiamiento de nuestras organizaciones, es nuestra obligación ser transparentes con ello, debería bastar visitar la página web de las organizaciones a las que pertenecemos para que cualquier ciudadano o ciudadana obtenga esta información.

No se puede ser juez y parte y pretender que nadie lo note nunca.