La sociedad civil europea y peruana presentó hoy una queja contra el Gobierno Peruano, por el incumplimiento de sus obligaciones convencionales referidas a las normas laborales y ambientales protegidas en el TLC UE Perú, Colombia, Ecuador. 

La queja, que fue presentada ante la Comisión Europea en Bruselas por 14 organizaciones europeas, con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil nacional, incluyendo centrales sindicales, busca que la Unión Europea reaccione a los incumplimientos del Perú en el Título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, y que reconfirme que el desarrollo sostenible y los derechos humanos tienen la misma importancia que el comercio.

“Desde la entrada en vigencia de este acuerdo comercial, en marzo de 2013, la sociedad civil tiene un papel de observador en el marco de esos capítulos y quiere que los compromisos se cumplan. En el Perú, hasta ahora, no es el caso. Muy por el contrario, en materia laboral, el Gobierno viola una serie de Convenios Fundamentales de la OIT presentes en el acuerdo y también viene promulgando una serie de normas que debilitan la institucionalidad ambiental”, aseguró Ana Romero Cano, Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE).

Romero agregó que para contribuir al desarrollo sostenible, el Estado peruano debe comprometerse con un Plan de Acción con metas y un calendario claro y efectivo; y que se definan las sanciones que pueden generarse si estas obligaciones son ignoradas.

Violación a los derechos laborales

Las principales centrales sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú – CUT Perú y la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP coincidieron en que las violaciones a los derechos humanos se dan principalmente en la libertad de asociación y de la negociación colectiva. Existe un sistemático incumplimiento de las obligaciones laborales asumidas por el Estado peruano, que se refleja en una serie de factores normativos, institucionales y políticos que impiden y obstaculizan el ejercicio y pleno disfrute de derechos laborales fundamentales.

“A ello se suma la insuficiente capacidad operativa y presupuestal de las instancias de supervisión del cumplimiento de la ley y la aprobación e implementación de regímenes especiales que afectan principalmente a los trabajadores de los sectores textil, confecciones y agrario. Además del clima anti sindical que existe en el Perú, gracias a una legislación laboral muy dispersa que abusa totalmente de los contratos temporales, violando los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, enfatizaron las centrales sindicales.

Debilitamiento ambiental

Según Beatriz Salazar del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y miembro del grupo Ambiente y Clima, el gobierno peruano viene promulgando una serie de leyes que debilitan la institucionalidad ambiental, justificado en la promoción de las inversiones. Estas reformas modificaron los procedimientos referidos a la certificación ambiental, el respeto del derecho a la consulta previa a las poblaciones originarias, el cuidado en el uso de los recursos hídricos, el acceso de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, entre otros.

Para Géraldine Duquenne, del Grupo Consultor Europeo, los trámites de protección ambiental son vistas como obstáculos al comercio, al considerar que el Ministerio del Ambiente ha perdido sus competencias y se ha vuelto más difícil fiscalizar las infracciones de las empresas extractivas, entre otras restricciones.