Hace unos días llegó a Lima una delegación de parlamentarios europeos al Perú, la Comisión de Comercio Internacional, INTA por sus siglas en inglés. Esta comisión se reunió con el Grupo Consultivo Interno peruano constituido en noviembre de 2017 como un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que viene haciendo seguimiento y analizando los impactos en materia laboral y ambiental del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú e interlocutor con los Grupos Consultivos Internos y sociedad civil organizada de los países y estados miembros del acuerdo. También participaron otras organizaciones que no son parte de este grupo pero que velan por los derechos de las personas y tienen una preocupación en los impactos de este acuerdo comercial. 

Esta visita ha sido clave para dialogar en torno a las preocupaciones desde la sociedad civil peruana. Y es que si bien es evidente y reconocemos que el TLC con la Unión Europea tiene como resultado una balanza comercial positiva, éstos no son óptimos y no ha servido realmente para aumentar los intercambios comerciales de los países miembros.

A ello debemos sumarle la desmesurada flexibilización de la normativa ambiental que ya viene teniendo impactos en nuestro país, normas que modificaron la gestión ambiental y debilitaron la protección al medio social y ambiental; normas que han generado efectos permisivos en las empresas, vicios en el proceso de evaluación ambiental por parte del funcionario evaluador y vulneración de derechos de territorio de los Pueblos Indígenas. En lo laboral, es claro que nuestro Gobierno no garantiza la aplicación efectiva de sus propias leyes y no se respetan los estándares laborales contenidos en las normas internacionales de derechos humanos y en los Convenios sobre los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por eso insistimos que no basta una balanza comercial positiva, si se siguen violando los derechos de las personas en nuestro país. Si bien el acuerdo comercial con la Unión Europea es el único acuerdo que ha firmado el Perú que tiene un mecanismo de consulta y de diálogo con la sociedad civil, NO existe una voluntad política en el Perú para hacer efectiva esa participación, no se garantiza un diálogo eficaz y hasta el momento no han promovido las consultas sobre los temas involucrados en el Título IX.

¡Queda mucho por hacer¡