Los impactos económicos y sociales del Acuerdo Comercial de la Unión Europea, Perú, Colombia y Ecuador no son óptimos y no han servido realmente para aumentar los intercambios comerciales de los países miembros, por el contrario, se han violado derechos laborales y ambientales, contemplados en dicho acuerdo, afirmó Ana Romero Cano, Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE). 

Romero Cano, precisó que a cinco años de entrada en vigencia del TLC UE, el Gobierno peruano ha incumplido sus obligaciones referidas a las normas laborales y ambientales protegidas en el acuerdo. Existe una desmesurada flexibilización de la normativa ambiental, que debilita la protección al medio social y ha generado efectos permisivos en las empresas, vicios en el proceso de evaluación ambiental por parte del funcionario evaluador y vulneración de derechos de territorio de los Pueblos Indígenas.

En lo laboral, dijo que nuestro Gobierno no garantiza la aplicación efectiva de sus propias leyes y no se respetan los estándares laborales contenidos en las normas internacionales de derechos humanos y en los convenios sobre los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Si bien reconocemos que el TLC con la Unión Europea tiene como resultado una balanza comercial positiva, ello no basta si se siguen violando los derechos de las personas en nuestro país. A lo que hay que sumarle que no existe una voluntad política en el Perú para hacer efectiva la participación de la sociedad civil, con un gobierno que no garantiza un diálogo eficaz y no ha promovido las consultas sobre los temas involucrados en el Título IX de Comercio y Desarrollo Sostenible”, enfatizó Ana Romero, al resaltar que debido a ello, la sociedad civil organizada se ha constituido en el Grupo Consultivo Interno para dar seguimiento a dicho tratado y pidió al gobierno que recoja el análisis que se viene haciendo respecto a estos casos y se tomen las acciones correctivas.

Por su parte, Géraldine Duquenne de Justicia y Paz, miembro de la Plataforma Europa - Perú y del Grupo Consultivo Interno de Unión Europea, recordó que en octubre pasado 14 organizaciones europeas, con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil nacional, incluyendo centrales sindicales, presentaron una queja ante la Comisión Europea de Comercio por la falta de cumplimiento de los compromisos laborales y ambientales, previstos en este acuerdo comercial, con la que se busca que la Unión Europea reaccione a los incumplimientos del Perú y que reconfirme que el desarrollo sostenible y los derechos humanos tienen la misma importancia que el comercio.

Críticas de eurodiputado

Para el eurodiputado Helmut Scholz, quien visitó Lima en el marco de los cinco años de entrada en vigencia del TLC UE, la evaluación positiva del Gobierno de Perú y de los grandes empresarios sobre el impacto del TLC sobre el desarrollo económico y las perspectivas de relaciones comerciales es contraria a lo que la delegación europea pudo observar.

“El Perú no ha cumplido con los requisitos del TLC en materia de desarrollo sostenible. Quedó en evidencia que el Gobierno del Perú no quiere convocar formalmente al Grupo de consulta local como lo requiere el capítulo del acuerdo relativo al desarrollo sostenible”, enfatizó.

Audiencia TLC UE-Colombia-Ecuador-Perú en el Parlamento Walon

Esta audiencia, que se realizó el último 27 de febrero, examina grandes tratados de libre comercio de manera pluralista, reflejando distintas corrientes de opinión, incluido el de la sociedad civil. En ella, Mathias Jorgensen de la Comisión Europea de Comercio resaltó la queja presentada al Gobierno peruano y felicitó a la sociedad civil por el análisis exhaustivo del tratado. Indicó que es la primera vez que reciben un documento tan completo.

Añadió que se requiere un análisis jurídico muy minucioso, al señalar que en eso están actualmente y esperan culminar en octubre de 2018, por lo que aún no pueden pronunciar una posición definitiva. Destacó que el compromiso de la Comisión Europea es obrar por una implementación completa y efectiva de los TLC y el Título IX es elemento clave de los acuerdos de la UE.

“Esperamos que el Parlamento Walon, tal como procedió con el CETA, pueda exigir mejoramientos en el texto para que asegure el respeto de los derechos fundamentales. La postergación del voto sobre la ratificación, prevista inicialmente esta semana, confirma que no hay todavía una posición clara del parlamento”, señaló Géraldine Duquenne.

A cinco años del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, varias voces (eurodiputados, sociedad civil, expertos, entre otros) confirman las deficiencias de dicho acuerdo, especialmente en las disposiciones en materia laboral, ambiental y con respecto a la participación de sociedad civil.